La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado que investiga la concesión de subvenciones presuntamente irregulares al empresario castellonense Francis Puig (hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig) y a su socio Juan Enrique Adell Bover el procesamiento de ambos por los delitos de estafa y falsedad documental. No obstante, descarta el fraude de subvenciones, ya que cifra la cantidad total supuestamente percibida por la empresa Mas Mut de forma irregular de los gobiernos valenciano y catalán entre los años 2015 y 2018 en 110.691 euros, es decir, por debajo de los 120.000 que fija este tipo penal. Además, ofrece la posibilidad de ejercer acciones a ambas administraciones autonómicas al entender que sufrieron un perjuicio económico por estas ayudas.
Respecto a los indicios de falsedad en documento mercantil en concurso medial con estafa agravada, el ministerio público señala que de la investigación practicada "se deduce que Mas Mut puede ser considerada una empresa ficticia o instrumental o, incluso, podría cuestionarse seriamente el requisito de empresa beneficiaria de las subvenciones recibidas", puesto que se trata de una entidad "redundante" (ya que su objeto social está abarcado por Comunicacions dels Ports, también de Francis Puig) y con sede social "ficticia".
Sobre esta última cuestión, Anticorrupción se refiere a la "confusión" de las direcciones y advierte que Mas Mut "intentaba ocultar su verdadero domicilio social en Teruel", un hecho que le impedía optar a las convocatorias. Igualmente, apunta la posibilidad de que "la mayor parte de la facturación aportada por Mas Mut para justificar el abono de subvenciones podría tratarse de facturación falsa o creada con esa finalidad".
A lo largo de su escrito, el fiscal desgrana la existencia de facturas "con indicios de falsedad" y "duplicadas" de las diversas empresas y con proveedores. A su vez, vista la "facturación cruzada", ambos podrían ser autores por cooperación necesaria de los delitos cometidos por el otro.
La causa se centra en las ayudas concedidas por ambas instituciones autonómicas a las empresas Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL y Canal Maestrat. En el caso de la Generalitat valenciana, las ayudas iban dirigidas a la protección y difusión del valenciano, mientras que en el de la Generalitat Cataluña el objeto era otorgar subvenciones estructurales para la prestación de servicios en legua catalana o aranesa.
Tras estimar los recursos presentados por los investigados, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó el 18 de abril de 2023 poner fin a la instrucción abierta por estos hechos, una vez finalizara la práctica de las diligencias de investigación acordadas dentro del plazo de instrucción. El 25 de marzo de este año, el equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil remitió al juzgado instructor un informe (el último que ha salido a la luz)en el que se apuntaban varias supuestas irregularidades basadas en la presentación de facturas que no tendrían relación alguna o no se corresponderían con la actividad subvencionada por el anterior Consell del Botànic.
El PP reclama "explicaciones"
El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez, ha exigido "explicaciones inmediatas" al PSPV ante las nuevas acciones de la Fiscalía en el caso de Francis Puig. "Los socialistas no solo nunca han dado explicaciones sobre las subvenciones irregulares, sino que el Botànic dejó pasar el plazo para requerirle la devolución de la subvención", ha manifestado Pérez Llorca. "Hoy es un día triste para la democracia", ha añadido el también número dos del PPCV.
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